Información General

Principios rectores de la reglamentación

La asistencia técnica para capacitación/especialización es un activo público que el Estado debe administrar garantizando la máxima difusión entre potenciales usuarios y a su turno, recabando información pertinente y fidedigna de los aspirantes para imprimir al proceso de selección la debida transparencia que evite reclamaciones. (art. 1, 3 y 6 lit.a)

 

El interés público se explicita en exigir que todo funcionario público aspirante a una beca oficial sea autorizado por el jerarca máximo del servicio donde trabaja, quien al avalarlo ratificará las necesidades de recibir asistencia de dicho servicio (congruente con su potestad de autorizar las licencias o comisiones que eventualmente correspondan). Si no fuera funcionario público, el patrocinio corresponde a su empleador privado, por la relevancia que se atribuye a la vinculación entre la especialización requerida y la continuidad del vínculo laboral. (art. 3)

El acceso a una beca oficial no debe considerarse como la atribución gratuita de un beneficio personal. Por el contrario, implica siempre asumir una serie de obligaciones como contrapartida, establecidas precisamente para facilitar la socialización de dicho beneficio, que dista por tanto de ser personal.

La socialización de resultados se asegura con el compromiso de no abandonar el país o el organismo o entidad patrocinante, por el triple del tiempo de duración de la beca. (art. 6, lit b)

La retornabilidad se asegura con la emisión de un pasaporte especial con fecha de caducidad preestablecida y la requisa del pasaporte común. (art. 7, lit. c)

Los resultados se pueden apreciar con indicadores como la presentación de diversos recaudos que acrediten el cumplimiento correcto de la beca: títulos, certificados, tesis, monografías, informes, etc. (art. 7, lit.d)

Las sanciones por incumplimiento de los deberes del becario (reintegro de costos, inhabilitación, etc.) refuerzan la idea de que una beca es un compromiso y no una donación en especie de la que se pueda disponer libremente. (art. 10)